A lo largo de los dos últimos años la educación pública ha sufrido un recorte de 3.400 millones de euros en sus presupuestos. Con los nuevos recortes anunciados en las últimas semanas (600 millones menos de presupuesto estatal, un 21,9% y 3.000 millones menos de presupuesto autonómico, un 13%), la caída de la inversión en educación va superar los 7.000 millones de euros. Por otra parte, el sistema educativo deberá atender el próximo curso a más de medio millón de alumnos más (320.000 en primaria y secundaria más 200.000 nuevos alumnos universitarios). Esto se traduce en una caída de la inversión por alumno de más del 25% en un periodo de cuatro años.
Posiblemente hayan oído estas semanas en los medios de comunicación multitud de declaraciones de nuestros dirigentes que proclaman que estos recortes no afectarán a la calidad de la enseñanza. La realidad, lamentablemente, es otra. Mi objetivo hoy es explicarles en detalle cómo afectan los recortes a la educación de sus hijos:
1. El aumento del 20% en el número de alumnos por clase (de 25 a 30 en primaria y de 30 a 36 en secundaria) supondrá una menor capacidad de atención individualizada a sus hijos, además de una masificación en las aulas que, en los centros construidos desde los años noventa, son de una dimensión considerablemente más reducida que las que conocimos en nuestra etapa de estudiantes. Cada profesor deberá atender entre 30 y 60 alumnos más.
2. Las bajas del profesorado no serán cubiertas durante las primeras dos semanas, lo que supondrá que, durante ese tiempo, sus hijos deberán ser atendidos por profesores no especialistas en la materia en cuestión y no podrán seguir avanzando en sus programas.
3. Se reducirán o desaparecerán de los centros algunos programas educativos específicos como compensatoria, diversificación o programas de cualificación profesional inicial, destinados a combatir el fracaso escolar y atender a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje como inmigrantes, hijos de familias desestructuradas, discapacitados, etc. Estos alumnos abandonarán el sistema o tendrán que incorporarse al grupo general, dificultando así su proceso de aprendizaje.
4. Se reducirán o desaparecerán determinados servicios que venimos prestando los centros educativos, como fisioterapeutas o intérpretes de signos para alumnos sordos, que resultan de vital importancia para garantizar el acceso a la enseñanza en igualdad de oportunidades de algunos de nuestros alumnos.
5. Desaparece del plan de creación de escuelas infantiles para menores de tres años.
6. La reducción de la plantilla de profesores (unos 3.000 en la Región de Murcia y en torno a 80.000 en el conjunto de España) impedirá ofertar las clases de apoyo o desdoble que muchos de sus hijos reciben actualmente.
7. Se recorta en cada centro la oferta de estudios post-obligatorios, al suspenderse la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional y reducirse las modalidades de Bachillerato ofertadas. Muchos alumnos que finalizan la E.S.O. se verán obligados a desplazarse a centros educativos más alejados si desean proseguir sus estudios.
8. Reducción drástica de las rutas de transporte escolar, fundamentales para los alumnos de los núcleos de menor población. Los trayectos, más largos, podrán superar el actual límite legal de 60 minutos.
9. Los alumnos que el próximo curso se incorporan a la universidad verán como las tasas de matrícula, actualmente en torno a los 1.000 €, subirán hasta los 1.600 €. Este hecho, sumado a la reducción de 166 millones de euros de la cuantía destinada a becas, privará a muchos estudiantes de poder costearse estudios universitarios.
10. Se dificulta el acceso a las becas, al aumentar la nota media exigida para que éstas sean concedidas así como el número de asignaturas a superar para poder mantenerlas: se exigirá entre el 85% y el 100% de superación según la titulación, frente al 60%-80% actual. La dotación para becas Erasmus, por su parte, cae de 62,8 a 36,8 millones de euros.
Todos estos recortes se suman a los que venimos ya sufriendo en los últimos dos años, como la desaparición del bono-libro o la reducción de los fondos destinados a los centros, que afectan a cuestiones tan básicas como la calefacción, las fotocopias, los materiales de prácticas o la limpieza.
Comprenderá el lector que haya llegado hasta este punto que los docentes no se están manifestando por tener que trabajar entre dos y cuatro horas más a la semana. Los servicios públicos universales (no solo educación, sino también sanidad o servicios sociales) tienen como objetivo corregir los desequilibrios y dotar de igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. Pero no estamos hablando únicamente de una cuestión de equidad, sino también de eficiencia: el último informe “Panorama de la Educación 2011” de la OCDE recoge que, en España, por cada euro que se invierte en la educación secundaria superior de un joven se obtiene un retorno privado y social de 3,9 euros.
En definitiva, los derechos sociales que hemos conquistado en las últimas décadas, y que no son los causantes de la crisis que nos azota, corren el peligro de desaparecer si no actuamos. Desmantelar la educación pública es un suicidio colectivo que nuestro país pagará durante generaciones. Por este motivo, los trabajadores de la educación pública les pedimos que apoyen, colaboren en la difusión y participen en las actuaciones que se están empezando a desarrollar. Les invitamos a participar en las sesiones de información que se están convocando en sus centros educativos y les animamos a que asistan a las manifestaciones convocadas para el próximo martes 22 de mayo en toda España.
